En la alocución presidencial del 27 de abril del presente año, el presidente Gustavo Petro vuelve a presentar su “tesis” de que las FARC-EP y sus mandos pertenecemos o recibimos directrices de lo que él ha llamado “la Junta del Narcotráfico”. Además, expone unos supuestos logros de su reeditada y reducida política antidrogas. Por justicia con la historia, debemos pronunciarnos.
Las cifras que se presentan, si bien muestran una posible reducción del número de hectáreas (aún no demostrada técnicamente), desconocen que la efectividad de estos programas es nula. Colombia sigue concentrando más del 67 % de los cultivos de hoja de coca del mundo, con más de 250 000 hectáreas sembradas, lo que representa un incremento del 10 % frente a 2023. La producción de cocaína creció un 53 % en 2023, alcanzando niveles históricos.
La demanda mundial de cocaína y el peso que tiene Colombia como productor genera una relación inversamente proporcional entre la producción nacional y el precio internacional de la cocaína. Esto, indudablemente, motiva a quienes desistieron de estos cultivos a volver a sembrar al no encontrar rentabilidad en otro producto agrícola, generando un ciclo que por décadas hizo que “la coca camine por distintos departamentos”. Es la ley de oferta y demanda que olvida el presidente economista. La sustitución o erradicación forzada nunca ha sido una solución de fondo.
En 1999, en Cartagena del Chairá, presentamos una propuesta a Colombia y al mundo (la discusión nacional sobre la existencia de cultivos de coca, marihuana o amapola, que incluyera el compromiso y las propuestas de los países consumidores, así como una gran conferencia internacional sobre el tema entre los pueblos y los gobiernos del mundo). Las FARC-EP hemos sostenido esta propuesta de manera constante. Pero esta ha sido esquiva en los últimos seis gobiernos. El rechazo al narcotráfico como fenómeno social en Colombia y nuestra disposición para buscar soluciones definitivas con la amplia participación de las comunidades rurales siempre han estado presentes. Seguiremos insistiendo en la necesidad de un gobierno realmente serio, que sea capaz de llegar, junto con las comunidades cultivadoras y los países consumidores, al fondo del problema, y de plantear respuestas que permitan a nuestro país superar este flagelo. Es necesario descentralizar la solución y entender el fenómeno como producto de causas históricas como la exclusión, la injusticia, la negación de derechos y la concentración de la tierra, problemas que no se han resuelto.
La arrogancia política del presidente lo llevó a negar una de las mejores propuestas que ha construido el campesinado en Colombia, propuesta que nosotros respaldamos: una iniciativa sólida que implicaba no la sustitución o eliminación del cultivo, sino la transformación de su uso. Esta sería la base de una industria nacional en manos del campesinado. Ante lo rentable de la propuesta y la ambición de algunos funcionarios, el presidente optó por la vía militar con la Operación Perseo: señaló, estigmatizó y hasta asesinó a los pobladores de esa región, además de colocar todas las trabas posibles para que la iniciativa no avanzara. Nos damos cuenta, entonces, de que el problema no es lo ilícito o lícito, sino quién controla las ganancias. Igual ocurre con toda la legislación que pretende dejar de lado a los cultivadores tradicionales de marihuana para entregarles las nacientes empresas y sus ganancias a políticos reconocidos de la región.
La tergiversación sobre el fenómeno de los cultivos de coca en Colombia y el desconocimiento de la existencia de una industria mundial de drogas han llevado al gobierno nacional, en fallidos intentos por sostener su tesis de la ausencia de insurgencias en nuestro país, a señalarnos como simples grupos al servicio del narcotráfico. Esto ha permitido que el tráfico de drogas se fortalezca aún más. La pereza o complicidad judicial de la Fiscalía, al señalar todo cargamento incautado como propiedad de las FARC-EP, creó un narcotráfico invisible que salpica a todas las esferas de la sociedad colombiana: desde la misma Fiscalía y la desaparición o devolución de las incautaciones, el Ejército Nacional y la Armada (como beneficiarios directos por aportes o porque entre sus filas hay traficantes de cocaína, como los nombrados generales Mejía y Cubides), hasta los políticos regionales que, ante los ojos de todos, construyen fortines con dineros provenientes de la venta de cocaína.
Ya lo decía Mario Mendoza en su frontal crítica a la política antidrogas en la FILBO 2026: “Colombia es una narcomedicracia y no se salva nadie, el sistema opera de manera delincuencial”. Por estas contradicciones del Estado colombiano y la permeabilidad de la estructura social, política y económica del país, resulta absurdo que el presidente reduzca el debate endilgando responsabilidades únicamente en nuestra contra y desconociendo el aparato maquiavélico del lavado de activos que mantiene a flote nuestra economía. La cartelización del conflicto colombiano es solo una manera de justificar la presencia del imperialismo norteamericano y la tendencia que tiene el Estado colombiano de continuar la guerra sucia bajo la vieja dinámica de la guerra al narcotráfico, que solo ha significado endeudamiento y subordinación del país ante potencias extranjeras.
En su intento por reducir nuestra dimensión política, nos señala una y otra vez como miembros de “la Junta del Narcotráfico”, sin ninguna evidencia. A pesar de que públicamente le hemos exigido que presente las pruebas, anda por el mundo inventando historias solo para justificar que le faltó gallardía para asumir los debates por la paz que se le plantearon en la mesa de diálogo. No existe evidencia técnica ni judicial seria que nos vincule con el narcotráfico, más allá del conocido impuesto que se cobra en las áreas de nuestra influencia o presencia. Un daño inmenso le hace al país al categorizar a las organizaciones insurgentes como carentes de propuestas políticas. Esto solo prolongará el conflicto social y armado en Colombia. Terminará su período y no presentará ninguna evidencia, porque sencillamente no existe.
Petro asume la categorización de narcoterroristas como se lo ordenó Donald Trump a inicios del año. No somos narcos ni somos terroristas. Asumimos la responsabilidad política por nuestros errores militares y siempre nos ponemos a disposición de las comunidades afectadas en medio de la guerra, separándonos del utilitarismo de la derecha colombiana que converge con el progresismo en su discurso contrainsurgente. Siempre marchamos con nuestra propuesta de transformación estructural del régimen colombiano; le apostamos a la solución política, aunque debamos asumir la guerra que los gobiernos colombiano y estadounidense nos han declarado por más de seis décadas. Eso no es de terroristas, es de revolucionarios: aceptar, asumir, corregir y persistir en la construcción de la Patria Nueva. Su gran victoria contra las FARC-EP entonces será agitar hasta el cansancio la demanda ante la Corte Penal Internacional por supuestos delitos que nunca han existido y que solo se justifican en su propaganda progresista contrainsurgente.
¡Pueblo y dignidad: Manuel Marulanda vive, la lucha sigue!
SECRETARIADO DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA – EJÉRCITO DEL PUEBLO
FARC-EP